Con más de Q12 mil millones disponibles para ejecutar en obras de Consejos de Desarrollo, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) supervisa y garantiza su ejecución.
Por Jimena Porres
Este año (2025), los Consejos de Desarrollo tienen más de Q12 mil millones disponibles para ejecutar obras. Estos espacios de representación política formal, son formas de participación de la población para definir sus modos de vida. Aparecieron luego de los Acuerdos de Paz (2002) con las Leyes de Descentralización y de Consejos de Desarrollo.
Walter Guillermo Del Cid Ramírez es el subsecretario ejecutivo para la descentralización de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP). La entidad tiene a su cargo colaborar con el Presidente para garantizar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos.
Ojoconmipisto conversó con el subsecretario para entender su rol dentro del sistema y hacerlo más cercano a la ciudadanía.
–¿Dónde comienzan los Consejos de Desarrollo? ¿Quiénes participan?
–Este año tenemos el registro de más de 14 mil Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) en los 340 municipios del país. Cada municipio tiene un límite de 20 Cocodes. Si existe la necesidad de crear más de estos, se categorizan como Cocodes de segundo nivel, tienen el propósito de unir las necesidades o el planteamiento de las necesidades para que sea más democrático e igualmente participativo.
Los Cocodes plantean sus necesidades de infraestructura vial, educativa, salud o deportiva y lo llevan al Consejo Municipal de Desarrollo (Comude). Ahí lo incorporan dentro del plan anual de operaciones de la municipalidad y entonces es elevado al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede). Quien revisa las características del proyecto es la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y le asignan un número en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Por último, se suscribe un convenio entre el Codede y la unidad ejecutora, que es la municipalidad de ese Comude. En ese acuerdo se establecen las características del proyecto y las consideraciones técnico-administrativas.
–¿Por qué en esta administración los Consejos de Desarrollo son prioridad?
–La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) perfeccionó su sistema de digitalización de los procesos para incorporar nuevos tributantes a finales de 2022. Con esto amplió su base tributaria y el impuesto de conformidad con la estructura tributaria del país.
En 2023 el congreso no aprobó presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, entonces se aplicó el de 2023. En el ejercicio fiscal 2024, encontramos que había 14 mil 500 millones en el fondo común. La mejor forma de poder invertir ese recurso era reasignándolos en el presupuesto 2024. La norma presupuestaria solo permite una adecuación de este tipo se haga bajo la figura de ampliación presupuestaria.
Decidimos destinarlos a los Consejos de Desarrollo y por eso es que se vuelve una prioridad para nosotros. También aprobaron una norma que obligó a las municipalidades a actualizar los registros de sus Cocodes dentro del Comude. Porque si no está actualizado, las municipalidades no podrán ser beneficiarias de los recursos del sistema. Se volvió una cuestión importante, porque no es que lo estén haciendo mal o no sepan hacerlo, sino que les queremos ayudar a que lo hagan bien.
También tenemos que incentivar la observación y la auditoría social. Nosotros estamos totalmente abiertos y entusiasmados con que sea fiscalizada la totalidad de proyectos. Tenemos dos preocupaciones en ese sentido, que sea la más alta ejecución posible, pero con calidad. No estamos pensando únicamente en que vamos a ejecutar el 100 o el 90 %, sino que las obras sean duraderas y resistentes.
–¿En qué nivel planifican el desembolso de los recursos?
–Cuando el Codede suscribe el convenio con la alcaldía. Entonces ese dinero ya se vuelve exclusivo para esa municipalidad. Esta suscribe a su vez un contrato de conformidad con la Ley de Contrataciones, con un contratista y acuerdan las dinámicas de pago.
Ese dinero ya pertenece a ese proyecto, pero para que se materialice el traslado de esos
recursos se requiere del informe de avance financiero y de avance físico que elabora la Dirección Municipal de Planificación. Nosotros supervisamos y hacemos nuestras propias proyecciones de avance físico de manera independiente. Ahí es al revés, primero avance físico y luego avance financiero, de donde vinculamos la información. Entonces si encontramos que hay congruencia, ese siguiente pago, que repito, puede ser al mes o a los dos meses, y puede ser también de otro 20 %, o 40 % o de un 60 %. El tiempo y monto del porcentaje lo determina la comuna con el contratista.
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–En una conversación con el alcalde de Jalapa, Omar Camposeco, él nos comentó que él proponía las obras para ejecutarlas con fondos de Cocodes. ¿Cómo verifican quién solicita los proyectos y que sí venga de una necesidad de la comunidad?
–Antes de esta administración no se hacía. De hecho, el año pasado no se hizo. Se va a comenzar a hacer a partir de este año.
Lo que dice el alcalde va en contra del espíritu de la norma. Pero para poder llegar a determinar que sus afirmaciones están en ese sentido nosotros nos tenemos que acercar a los Cocodes de Jalapa y hablar con ellos sobre la información, no solo en la ley de los consejos de desarrollo, sino en el Código Municipal. La norma establece que el alcalde está obligado a incentivar la participación de sus vecinos y está obligado a propiciar que haya la más amplia y democrática participación.
Por supuesto que a los alcaldes en un momento dado les va a poder parecer incómodo. Pero la democracia si no se hace vivencial y si no se abren canales de participación, pues no es democracia.
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–De las 340 municipalidades ¿todas tienen Cocodes?
–En este momento no hay ni un solo municipio que carezca de Cocodes.
–Realizamos una solicitud de información al municipio de Totonicapán sobre un proyecto que solicitó su Cocode y nos respondieron que no tienen esta figura. Únicamente cuentan con Comudes.
–No tenía conocimiento del ejemplo del municipio de Totonicapán. Me parece extraño porque es uno de los más organizados en diferentes niveles y diferentes rangos.
–¿Qué herramientas tiene la Scep para darle seguimiento a la ejecución de fondos?
–Nosotros encontramos una secretaría que en materia de vehículos, para verificar el avance de las obras, no ha comprado desde 2009. La supervisión era inexistente. Muy probablemente en los proyectos se hacía creer que era participación ciudadana, que había Comudes y Cocodes, pero en realidad era la voluntad de unos pocos para impulsar ciertas obras.
Vamos a abrir un proceso para comprar 50 vehículos destinados a los 22 departamentos para la supervisión de obras. Cuando empecemos a requerir bitácoras de cumplimiento de supervisión e implemos al mismo tiempo la posibilidad de hacer supervisión a través del uso de las herramientas propias de la informática.
Serán 200 supervisores para 9 mil proyectos. Cada una de esas personas tendría que realizar más o menos 450 proyectos. En este momento la concentración es infraestructura física, que mejor evaluación la de arquitectos e ingenieros civiles.
–¿Qué pasa con los fondos de Consejos de Desarrollo que no logren ejecutarse este año?
–Normalmente se van a lo que se denomina como el fondo común. Este año si no se ejecutan esos Q12 mil 353 millones probablemente se va a ir al fondo común. Existe la posibilidad que el Congreso vuelva a aprobar una medida que nos permita que esos recursos se puedan asignar en 2026 para cada una de esas municipalidades.
–¿Quién debería asegurarse que esos fondos no sean utilizados con fines políticos?
–La población. Y solo van a poder saber mediante información que nosotros estamos dispuestos a proporcionarles de manera directa. Ya hemos recibido denuncias de vecinos y les hemos dado seguimiento para encontrar soluciones a obras que presentan irregularidades.
–¿Cómo se asegura la SCEP que los rótulos de los proyectos sean visibles para la población?
–Vamos a incorporar un código QR dentro de los rótulos que por ley se tienen que incluir en cada uno de los proyectos a cargo del sistema de consejos de desarrollo. Los va a direccionar a la información en papeles, en documentos de ese proyecto. Podremos tomar denuncias a través de correo electrónico o un teléfono.
Es responsabilidad de nuestros supervisores en primer lugar. Deben verificar que ahí estén y que no suedan acciones de vandalismo. Ponen el rótulo muy bien ubicado a la vista, pero los dos días los tiran porque es de un metal que utilizan las recicladoras y entonces “les sale muy caro volver a poner otro”. Porque hay de todo tipo de excusas, pero nosotros queremos que la gente nos ayude fiscalizando el trabajo de todos, incluyendo nosotros.
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–El secretario Víctor Hugo Godoy denunció un proyecto de construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la aldea de Chono, en San Pedro de Huehuetenango. ¿Esa también es una competencia de la SCEP que ya lo habían hecho antes o es de las primeras veces que hacen este tipo de denuncias?
–Es de las primeras veces porque antes no llegábamos a las comunidades. Desde el 2 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2024, el sistema le ha transferido a las municipalidades más de Q47 mil millones. En 21 años deberíamos de tener planes de ordenamiento territorial eficientes, sistemas de transporte público, plantas de tratamiento o de gestión de desechos, pero no hay nada. Estaremos más en campo y así como encontramos ese proyecto, probablemente encontraremos más.
–¿Qué poder tienen los vecinos al momento de fiscalizar los proyectos?
–La denuncia abierta a través de, si funcionara, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
En los próximos años, cuando se hable de lo que se ejecutó en la última ronda del sistema de Consejos de Desarrollo, va a ser una calidad de obra que en efecto satisface necesidades y que colabora con el desarrollo de las comunidades.
Que contemos con las condiciones mínimas y elementales para estar cómodos, tener seguridad, acceso a los bienes y servicios para toda la población en los diferentes ámbitos y territorios.
-Para los proyectos arriba de Q900 mil, en el decreto 36-2024 se estipuló que las alcaldías deben incluir dentro de los contratos una cláusula que obliga a los proveedores a instalar equipo de grabación para supervisar las obras. ¿Quién se encarga de velar que todo esto se cumpla desde la cláusula del contrato hasta que las cámaras funcionen?
-La unidad ejecutora, la municipalidad. Si ellos no pudieran, que nos lo digan y vamos a ver cómo les podemos ayudar.
