Al solicitar las cantidades a través de la Unidad de Información Pública (UIP) de San Antonio La Paz, la dependencia solicitó una prórroga para la entrega.

Por Jimena Porres
San Antonio La Paz es uno de los ocho municipios de El Progreso. Lo dirige Nubere Agustín López López, reelecto por el partido Vamos. Su concejo municipal está compuesto por nueve miembros, la municipalidad no publica sus remuneraciones que por ley debe hacerlo.
Ojoconipisto solicitó la información a través de la Unidad de Información Pública (UIP) en la segunda semana de noviembre. El 3 de diciembre, la Secretaria Municipal, Mónica Sandoval Dávila, solicitó una prórroga para entregar la información.
Según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en su artículo 10, define que los nombres, cargos y remuneraciones de servidores públicos son información de oficio. Los sujetos obligados (la municipalidad en este caso) deben mantener actualizada y disponible, en todo momento, esta información. Su objetivo es que la ciudadanía la consulte en cualquier momento “de manera directa o a través de los portales electrónicos”.
También mandata que esta información sea actualizada cada treinta días. Sin embargo, en el portal electrónico de San Antonio La Paz, la última actualización fue en septiembre del presente año. En este listado tampoco aparece el alcalde ni su corporación municipal.
En la supervisión realizada por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), a través de la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai), San Antonio La Paz obtuvo una puntuación baja. Informaron que tenía un nivel de cumplimiento de 72.9 % con sus vecinos.
Negativas, prórrogas y silencios
Por su parte, la alcaldía de San Agustín Acasaguastlán, liderada por Byron Manolo Aguilar Aldana, electo por el partido Vamos, negó la solicitud para conocer el monto que recibe cada concejal por asistencia y la cantidad de reuniones que sostuvieron en 2024. La alcaldía argumentó que la información requerida no era clara ni precisa. Ojoconmipisto ingresó una nueva solicitud, sin embargo al cierre de esta nota no ha habido respuesta.
Al mes, cada concejal de este municipio de El Progreso, devenga un total de Q18 mil. Mientras que Aguilar Aldana recibe adicional, un sueldo base de Q20 mil, más gastos de representación de Q10 mil. El último mes que actualizaron la información fue en agosto. Para un total de Q48 mil.
San Cristóbal Acasaguastlán, fue la otra municipalidad que solicitó una prórroga para entregar la misma información requerida. El alcalde, Edgar Humberto Castañeda Ruano, reelecto por el partido Vamos, devenga un salario de Q10 mil 250. Para un total de Q20 mil 250. Él y los miembros del concejo municipal reciben Q10 mil en dietas al mes.
Mientras que las municipalidades de Morazán y Sanarate de El Progreso no respondieron a las solicitudes enviadas. A la primera la Secai la calificó como deficiente en entrega de información pública. Mientras que a la segunda le dio un puntaje bajo.
Las que sí
De las ocho municipalidades, solo tres respondieron a las solicitudes con la información. Guastatoya indicó que los munícipes celebran dos reuniones semanales, por cada una acordaron dietas de Q3 mil. Bajaron el monto acordado por la administración anterior que era de Q3 mil 500.
El alcalde electo por el partido Valor, José Elías Herrera Guerra, devenga un sueldo de Q21 mil 500, además de bono de ley de Q250; bono municipal de Q700; y gastos de representación de Q10 mil. Un total de Q32 mil 450.
El Jícaro, dirigida por José Francisco Mejía Flores, indicó que la corporación municipal agenda cuatro reuniones ordinarias mensuales. Por la asistencia, cada miembro recibe Q3 mil, a fin de mes devengan Q12 mil. Acordaron que no recibirían dietas por las sesiones extraordinarias. El alcalde cuenta con un salario de Q30 mil.
Por último, la comuna de Sansare del jefe edil César Augusto Rodas Álvarez, electo por el partido Vamos, informó que también sostienen cuatro sesiones al mes. Las dietas por sesión son de Q2 mil 500. El alcalde devenga un salario base de Q25 mil, además de su bono de ley de Q250; y gastos de representación de Q14 mil. Un total de Q39 mil 250.
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