Desde ayer se celebra el III Congreso Nacional de Tierras Comunales, bajo la consigna “Guatemala: desafíos para la restauración de la Madre Naturaleza”.
Por Evelyn Vargas Carmona
En Guatemala, algunos pueblos indígenas y comunidades locales mantienen el modelo de tenencia comunal de tierra, un modelo reconocido a nivel mundial porque contribuye con la equidad y con la conservación de la naturaleza.
Sin embargo, no existe un instrumento específico que lo reconozca en la legislación. Según el Diagnóstico de la Conservación y Manejo de Recursos Naturales en Tierras Comunales de 2009, las tierras comunales “son aquellas en las cuales un grupo social determinado o comunidad comparte derechos de propiedad, posesión o tenencia”.
En otras palabras, estos terrenos han estado bajo un régimen comunal, aunque estén registradas a nombre del Estado, de municipalidades o de personas individuales.
Te recordamos: En Guatemala hay alrededor de 60 alcaldías indígenas
Silvel Elías Gramajo, miembro del Grupo Promotor de Tierras Comunales, que surgió en 2007, y catedrático en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos comentó respecto a las tierras comunales: “hemos identificado varias modalidades como terrenos municipales, el denominado Las Parcialidades, -tierras de grupos familiares amplios-, las de las cooperativas y las más recientes, las Empresas Campesinas Asociativas”.
Gestión colectiva
Frente al desafío que demanda atender la triple crisis de pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación, las tierras comunales se posicionan como una oportunidad para la gestión colectiva del patrimonio natural y cultural.
Guatemala registra mil 300 tierras comunales con una extensión de más de millón y medio de hectáreas, las cuales albergan el 16% de la cobertura boscosa del país. Poseen, además, un valor estratégico para proveer servicios ecosistémicos, proteger las cuencas, conservar la biodiversidad y resguardar el patrimonio cultural.
Carlos Rodríguez Olivet, director de la Asociación Bajareque y miembro del Grupo Promotor de Tierras Comunales afirmó: “este modelo combina elementos naturales y culturales con respecto a la gestión de los bosques, abrazado al tema del recurso hídrico y al de la seguridad alimentaria y ayuda a mantener el conocimiento tradicional en el manejo de los bosques”.
Tenemos esta nota: Este es un acercamiento al sistema de gobierno comunal de 48 Cantones
Los bosques comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, Todos Santos Cuchumatán en Huehuetenango, las alcaldías indígenas ixiles, Santa María Xalapán o las concesiones comunitarias de la Reserva de la Biósfera Maya son ejemplos emblemáticos de este modelo de gobernanza territorial.
Bajo amenaza
Pese a los aportes a la conservación del patrimonio natural y cultural, las tierras comunales enfrentan presiones legales, políticas y económicas que amenazan el respeto, la protección y la valoración de la tenencia comunal, según los expertos.
Además de los impactos negativos del cambio climático, las tierras comunales enfrentan presiones de industrias extractivas, como minería o explotaciones petroleras, que se agravan por la carencia de un instrumento legal específico que reconozca y proteja la tenencia colectiva.
De acuerdo a Elías, “en los últimos tres años, por lo menos veinte comunas emitieron acuerdos municipales para privatizar tierras comunales. Por ello, se busca reactivar el diálogo interinstitucional y comunitario con propuestas concretas para fortalecer marcos jurídicos y politicos.
Te recordamos esta nota: El poder de las autoridades indígenas se basa en la confianza en sus líderes
El Grupo Promotor de Tierras Comunales es un espacio interinstitucional conformado por entidades estales como Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), Instituto Nacional de Bosques (Inab). También organizaciones de pueblos indígenas y no gubernamentales como Ak’Tenamit, Balam o Fundaeco. Y de base comunitaria y entidades académicas como la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos y la Universidad del Valle de Guatemala.
Para ellos, su principal logro fue posicionar el concepto de que las tierras comunales gestionan bosques y biodiversidad. “Gracias a esa incidencia, entidades como Conap, Inab y MARN tienen una agenda que incluye a las tierras comunales”, explicó Elías.
El primero y hasta ahora único diagnóstico, así como la Estrategia Nacional de Tierras Comunales, son instrumentos desarrollados por el grupo para promover y reconocer a los actores comunitarios que han estado en la primera línea de cuidado del de la naturaleza.
En la actualidad, con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), impulsan el reconocimiento de las Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC), y aportan en la elaboración de los mapas de territorios indígenas.
Avances nacionales
Desde las entidades rectoras de ambiente, el país avanza en la generación de políticas e instrumentos que reconocen e incluyen a las tierras comunales: el MARN y su estrategia de recuperación de bosques “Guate Reverdece”; el Conap con la política para la participación social y fortalecimiento de la gobernanza en la gestión de las áreas protegidas y la diversidad biológica, y el Inab con la actualización de la política nacional de compensación de servicios ecosistémicos asociados a los bosques.
También existen casos de comunidades que lograron acuerdos con las municipalidades para manejar de manera conjunta un área que se considera de uso común o colectivo.
Para avanzar en el reconocimiento legal surgió, además, la Mesa de Tierras Comunales, espacio integrado por entidades propias de las comunidades que luchan para recuperar los derechos ancestrales sobre las tierras comunales. Muchas de las organizaciones que forman parte de la Mesa de Tierras Comunales, también participan en el Grupo Promotor.
Restitución histórica
El primer caso notable de restitución de tierras implicó la devolución de 81 caballerías a la comunidad indígena «Vecinos de la Aldea Chuarrancho» tras una sentencia de la Corte Constitucional de 2014.
Liderado por personas jóvenes y del consejo de ancianos maya kaqchikel del municipio de Chuarrancho, este caso marcó un precedente en la lucha por la restitución de tierras ancestrales, específicamente las del pueblo indígena Chajomá.
Abigail Monroy Xuyá, representante legal de la comunidad y alcaldesa indígena de Chuarrancho, y quien participó en el proceso aseguró que “lo más importante fue demostrar que nuestros pueblos se pueden organizar y reclamar sus derechos históricos”.
“Para nosotros esta lucha inició frente a la amenaza de minería e hidroeléctrica en la comunidad. La lucha colectiva por nuestro territorio nos permitió no solo estar en nuestras comunidades si no plantear, en contra del Estado, el respeto a la forma y principios de las comunidades indígenas en Guatemala”, enfatizó.
Congreso
Desde ayer y hasta mañana se celebra el III Congreso Nacional de Tierras Comunales, bajo la consigna “Guatemala: desafíos para la restauración de la Madre Naturaleza”.
Es el tercero de su tipo y se basa en los aprendizajes de los dos encuentros anteriores (2014 y 2019) e incluirá un espacio para conocer cómo han avanzao los procesos de restitución y se analizarán los marcos institucionales necesarios para impulsar modelos de gobernanza que reconozcan los derechos colectivos y fortalezcan la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en los procesos de conservación.
Organizaciones como la UICN sostienen que “sin la participación de los pueblos indígenas no hay conservación verdadera”, por lo que promueven que sus derechos, su voz y su cosmovisión sean parte central de las decisiones ambientales.
Esta nota es producto del Diplomado Fundamentos de la Conservación de la Naturaleza, apoyado por la Fundación Luis von Ahn y Defensores de la Naturaleza, coordinado por Laboratorio de Medios. Los autores son los responsables del contenido.
