Desde Izabal hasta Zacapa, comunidades afectadas por la escasez, la contaminación o el uso desigual del agua se suman al proceso para construir una ley nacional.
Por Kristhal Figueroa
El día de Sandra Portela inició a las 3:30 de la mañana. Viajó desde Puerto Barrios, Izabal, hacia Río Hondo, en Zacapa, para participar en la segunda etapa del Proceso Nacional del Agua. Con este, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) busca construir una propuesta de ley de aguas con la participación de la ciudadanía.
Portela es una mujer xinka, trabajadora social y defensora de derechos humanos y del ambiente. Ha sido perseguida, durante los últimos 17 meses, por su lucha para proteger el río Machacas-Carretera. Señala que este es dragado (un proceso que retira los sedimentos y que altera su profundidad) por empresas sin licencias ambientales y sin una consulta comunitaria previa.
Ahora, la líder presenta esta problemática ante la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes y el equipo del MARN. La ley de aguas, considera, debe proteger los sitios de recarga hídrica.
“También que (el agua) no se desperdicie (…) Estamos hablando de empresas, pero también de cómo eso te lleva a más conciencia como consumidor, porque entre más demanda, la empresa también va a requerir más”, indica Portela.
Diálogos para construir una iniciativa
Al igual que Portela, otras 2 mil 224 personas participaron en la primera etapa del proceso nacional de aguas. Lo hicieron como individuos, autoridades indígenas o representantes de organizaciones no-gubernamentales (oenegés), agrupaciones de sociedad civil o del sector productivo.
Esta primera fase comenzó a finales de abril y terminó a inicios de junio. En Zacapa, el diálogo con actores de la sociedad civil se celebró el 30 de mayo.
En esa ronda de intercambios, los participantes presentaron sus propuestas para incluir en la iniciativa de ley de aguas y, a partir de allí, transformar la eficiencia del sistema nacional de gestión que la gestiona. Esta etapa permitió que la gente confiara en el proceso y en la visión del gobierno sobre el proyecto, señala Orantes.
“La gente decía: “yo tengo problemas en mi comunidad”, pero hicimos que levantaran la vista y vieran que es un problema nacional que requiere una solución nacional. Eso fue algo importante”, agrega la ministra.
Diferentes regiones con necesidades particulares
El MARN identificó necesidades particulares en las distintas regiones que visitó. En occidente, por ejemplo, los participantes manifestaron temor a la privatización, pues el agua se maneja como un recurso comunal.
A Orantes le sorprendió el interés que el proceso recibió en el departamento de Alta Verapaz, donde se contó con una asistencia mayor. Allí, el equipo del ministerio fue apoyado por traductores, quienes les permitieron comunicarse con los participantes en Q’eqchi’.
Petén e Izabal son territorios donde el Estado ha estado ausente, según la ministra. Allí, existe una “explotación fuerte y sin normas de los bienes de la naturaleza, mucha confrontación y mucho conflicto. Allí sufren también las inundaciones. Tienen demasiada agua. No necesariamente tienen agua en sus casas, pero ahí sufren de inundaciones”, indica la ministra.
En la Costa Sur, la metodología de la primera etapa reunió a las organizaciones de sociedad civil con el sector productivo. Esto generó confrontamiento durante la actividad.
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“Obviamente la presencia tan extensiva de la agroindustria en la costa sur es fuente de conflicto alrededor del tema del agua”, explica Orantes. Por ello, las siguientes sesiones fueron (y lo serán en todas las regiones) separadas por sectores: sociedad civil, industria y autoridades indígenas.
El proceso ha contado con la participación del sector industrial por medio de agremiados como la Cámara del Agro, Cámara de Industria y la Asociación de Generadores de Energía Renovable. A los encuentros han asistido también empresas como el Grupo Multi Inversiones (CMI). El MARN tiene comunicación directa con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) a través de su comisión de medio ambiente, COMACIF.
“El enfoque (de la iniciativa de ley) es reconocer los derechos de todos y lo que todo el mundo está haciendo ya con el agua. Pero donde el derecho de uno afecta el derecho de otro, la autoridad tiene que actuar. Como no hay autoridad ahorita, toda la gente se está peleando. Y obviamente gana el más fuerte. Entonces nosotros hablamos de pasar de la “ley del más fuerte” a una ley que ponga reglas claras y derechos iguales a todo el mundo”, indica Orantes.
La segunda etapa, la de revisión
Unas cuarenta personas viajaron desde distintas localidades de Izabal, Chiquimula y Zacapa para participar en el encuentro. Cada una con propuestas que representan sus intereses particulares. Una de ellas es Karin Castañeda, zootecnista y agrónoma de Teculután, Zacapa. Ella representa al sector ganadero de la región.
Castañeda asiste para defender el sistema de tomas de agua artesanal que funciona desde hace más de 200 años y que, actualmente, es afectado por la presencia de la hidroeléctrica Pasabien.
“Nosotros tenemos una finca ganadera, pero no dejan pasar el agua porque la acumulan para generar energía. Como no había caudal, no dejaron ni que las tomas de riego y, por ende, los sistemas de agua potable captaran agua”, dice Castañeda. Asegura que también compartió el tema en la primera etapa del proceso, a inicios de mayo.
Ahora, los participantes evalúan las propuestas construidas por el MARN a partir de los temas prioritarios que se presentaron en la primera etapa, que duró poco más de un mes. Con cada tema, tienen que escoger entre tres colores: verde, amarillo y rojo. El primero, significa que están de acuerdo con la idea. El segundo, que esta necesita cambios y el último, que la reprueban y, en su lugar, propondrán algo más.
El encuentro transcurre sin la presencia de los medios de comunicación. “La gente viene a expresarse sobre los problemas que está teniendo con el vecino, con la empresa o con el alcalde. Todo eso no lo puede decir si está la prensa. Hay mucha criminalización con la gente que ha estado batallando por el agua”, explica la ministra.
La sesión finaliza después de tres horas de diálogo. Los asistentes se fotografían junto a la ministra. Algunos, aprovechan el momento para explicarle sus preocupaciones. Después del almuerzo, el equipo del MARN desarrollará un segundo encuentro con representantes del sector productivo.
Karin Castañeda participará también en el segundo encuentro. En sus fincas se producen melones y se cría ganado y tilapia.
De la ley de aguas, “espero que haya agua de calidad y suficiente para todo el mundo. Que se pueda acceder, pero también que se generen los fondos para los guardarrecursos y la reforestación para la recarga hídrica”, afirma.
Un proceso que podría “traer paz”
Paralelo a los diálogos con la sociedad civil, Orantes y el MARN se han reunido con alcaldes. Ellos son, a criterio de la ministra, “aliados naturales” del proceso. La iniciativa de ley de aguas busca también reformar el código de salud para que los gobiernos municipales no sean los únicos responsables de invertir en el saneamiento del agua.
Después de finalizar esta segunda gira por el país, el MARN iniciará la construcción de la iniciativa de ley de aguas. Esta podría presentarse al Congreso de la República en septiembre u octubre.
Orantes considera que no existe un momento ideal para legislar el uso del agua en el país. Lo importante, dice, es llevar la iniciativa al Congreso de la República y “no soltarla”.
“Yo creo que todos los diputados distritales están bien claros sobre la escasez creciente del agua disponible y el nivel de conflictos que hay en sus distritos, nadie tiene la competencia para dirimir conflictos. Esta ley va a traer algo que nadie pensaría. Además de empezar a construir las condiciones para que el país siga teniendo agua siempre, va a traernos paz”, asegura la ministra.
Esta nota es producto del Diplomado Fundamentos de la Conservación de la Naturaleza, apoyado por la Fundación Luis von Ahn y Defensores de la Naturaleza, coordinado por Laboratorio de Medios. Los autores son los responsables del contenido.
