La Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional el Reglamento de Gestión de Desechos. Según el Ministerio de Ambiente esto aumentará la contaminación e impunidad ambiental.
Por Jimena Porres
El Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes establecía directrices a las municipalidades para la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los desechos. La Corte de Constitucionalidad (CC) lo declaró inconstitucional porque “vulnera la autonomía municipal”.
La acción fue presentada por el diputado Ronald Yomelfy Portillo Cordón del partido Vamos. Misma agrupación política que llevó a Alejandro Giammatei a la presidencia, cuyo Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) realizó y aprobó el Acuerdo Gubernativo 164-2021 que contiene el reglamento.
Su objetivo era establecer normas sanitarias y ambientales para gestionar los residuos para asegurar la protección a la salud humana y evitar la contaminación del ambiente.
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La tarea la contiene el Código Municipal en el artículo 68 que detalla las competencias propias del municipio: “formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final”.
Problema nacional
Durante la conferencia de prensa La Ronda, Patricia Orantes, ministra de ambiente, lamentó el actuar de la CC. “Es tremendamente lamentable que la autonomía municipal se vuelva vía libre para la contaminación”. Destacó que el reglamento de aguas residuales también está parado por una inconstitucionalidad presentada por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
“Los dos reglamentos establecen las normas técnicas ambientales y de salud pública para que los gobiernos locales puedan brindar los dos servicios municipales que por ley tienen que brindar”, explicó Orantes. También destacó que ambos fueron elaborados por gobiernos pasados, el de desechos hace cuatro años y el de aguas hace 19 años. “Los gobiernos anteriores no se atrevieron a ponerlos en vigencia”.
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Explicó que los gobiernos anteriores decidieron darles prórrogas para evitar los desafíos políticos, técnicos, institucionales, financieros que enfrentan las municipalidades para dar los servicios. Resaltó que la contaminación “es un problema nacional y por lo tanto requiere una solución nacional”.
Trabajaron soluciones
La ministra Orantes contó que en los 18 meses de su gestión realizó distintas actividades para acompañar a las municipalidades. “Levantamos la estrategia de apoyo a gobiernos municipales para el saneamiento y el manejo de desechos sólidos junto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto de Fomento Municipal (Infom)”.
De igual forma recordó el compromiso del gobierno central de gestionar Q3 mil millones para financiar proyectos municipales. “Impulsamos la aprobación exitosa de nueva normativa en el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo”. Buscaba que con los recursos adicionales que recibieron, priorizaran dos proyectos de agua o desechos.
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“Evitamos una demanda internacional por parte del gobierno de Honduras por contaminar sus costas con desechos sólidos que salen por nuestro río Motagua”, contó. Un proyecto de saneamiento que está en manos del Infom.
Orantes declaró que la resolución de la CC está en análisis. “Necesitamos tiempo para analizar la resolución y ver cómo diseñar una nueva herramienta”. Mientras tanto seguirán el trabajo con los gobiernos locales que lo soliciten.
Falta de voluntad no es nueva
Katherine Alvarado es química bióloga. Vivió en Suiza durante cinco años y quedó “fascinada” por su sistema de gestión de residuos. “Ellos tenían problemas de contaminación que no iban a tener aguas limpias . Decidieron endurecer sus leyes y empezar con la cultura a nivel nacional”, describió.
En Suiza los gobiernos locales son los encargados de esta labor. “Ellos están totalmente involucrados desde que uno como extranjero llega. Nos llegó una invitación para una reunión en donde nos explicaron cómo reciclar, cuándo va a haber multas, porque las hay hasta por tirar basura en las bolsas que no son las adecuadas”. También son los encargados de la educación ambiental en las escuelas públicas y privadas.
Al ver todo el sistema decidió estudiarlo y enviar un documento explicativo a la municipalidad de Guatemala en 2015. ¿La respuesta? “Guatemala no está lista para eso”. A Alvarado la frustró. “No es que la ciudad no esté preparada, la autoridad no está preparada”.
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Suiza empezó hace 30 años con su sistema. No funcionó de la noche a la mañana, pero hoy la cultura es de responsabilidad.
Incluye a sus guajeros, quienes tienen la tarea de recibir los desechos en centros de acopio. “En cada lugar hay una persona, hay turnos, ese lugar está abierto muchas horas y su involucramiento es dentro del reciclaje”. Reciben un salario, no dependen de lo que encuentran en la basura. Cuentan con uniformes y con condiciones salubres para trabajar.
Alvarado considera que si la municipalidad hubiera considerado su propuesta, la ciudad estaría a mitad de camino. “Tendrían que haber empezado con un proyecto en una región de alto valor económico, porque cuando la gente de alto valor económico acepta los cambios es más fácil para abajo, no al revés”.
