Escasez, contaminación y desigualdad en el acceso al agua han motivado un proceso de diálogo nacional que busca crear una Ley de Aguas justa y participativa.
Por Julio Sicán
Sacatepéquez y Chimaltenango participaron, el 24 y 25 de junio, en la segunda ronda del Proceso Nacional del Agua. Más de mil representantes de comunidades indígenas, sociedad civil, sector privado y 125 autoridades municipales ya participaron en este proceso de consulta para elaborar una nueva Ley de Aguas en Guatemala a lo largo del año.
Jaime Carrera, viceministro del Agua, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que la propuesta parte de un principio claro: el agua es un derecho humano. La iniciativa busca garantizar el acceso al agua para la población, la economía y la naturaleza. El proceso lleva dos meses en marcha.
Tenemos esta nota: Cumbre Plurinacional de Pueblos Indígenas establece puntos esenciales para la ley de aguas
En 13 territorios consultados, la sociedad civil coincidió en los mismos problemas: escasez, contaminación y acceso desigual. Varias comunidades no tienen servicio permanente de agua. Ríos han sido desviados o se han secado. Denuncian que las grandes fincas acaparan el recurso.
Además, hay creciente desconfianza hacia el Congreso, por temor a que no apruebe una ley que refleje las verdaderas necesidades del país.
Modelos comunitarios
Las autoridades indígenas piden que la ley reconozca y respete los modelos comunitarios y ancestrales de administración del agua y los bosques. El Parlamento Xinca propusieron que el agua sea considerada “un ser vivo y sujeto de derechos”.
Mientras que, el sector privado apoya la ley, siempre que se base en datos técnicos y evidencia científica. Coinciden en que debe haber certeza jurídica y una institucionalidad eficiente. Aceptan pagar por el uso del agua, pero exigen que ese dinero se invierta en las mismas cuencas.
Según el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, la ley debe basarse en dos principios constitucionales: el bien común y el interés social. Sus cinco pilares son:
- Institucionalidad. Una autoridad nacional autónoma y descentralizada. Integrada por un conjunto órganos técnicos de nivel nacional, regional y por cuenca. Sus atribuciones será la formulación, implementación y actualización de la política nacional del Agua y el plan Hidrológico Nacional.
- Sistema de manejo colectivo comunitario y ancestral del agua y los bosques. Incluye normas, derechos y obligaciones orientadas al abastecimiento del agua a los hogares y proteger la naturaleza. Responde a los fines constitucionales del bien común e interés social.
- Administración de derechos. Reconocimiento del derecho humano al agua para garantizar la recuperación y conservación de los sistemas naturales que producen el agua. Así como los derechos de aprovechamiento de agua existentes.
- Contaminación. Modificación del Código de Salud para que el gobierno a través de la autoridad nacional del agua o en alianza con el Instituto de Fomento Municipal invierta y ejecute fondos para la construcción de infraestructura vinculada al tratamiento de aguas residuales. Además, debe incorporar faltas administrativas y delitos por la contaminación de las aguas.
- Inversión pública para restaurar y proteger la salud de las cuencas y las zonas de recarga hídrica. El propósito es mantener los ciclos hidrológicos, las fuentes de agua y los caudales de los ríos. La ley deberá definir un mecanismo de pago y compensación por servicios ambientales que contribuyan a mantener la salud del ciclo hidrológico.
Reacciones
Celso Jiatz Batz, de la alcaldía indígena de Tecpán, valoró la apertura del proceso, pero teme que el Congreso de la República lo ignore. En tanto, Alfonso Ajuchán, del Comité de Agua Balam Juyú, advirtió que, sin amplia participación y presión social, la ley no avanzará. Ambos coinciden en que la participación ciudadana es clave, pero debe ser real y vinculante.
A pesar de la desconfianza hacia las instituciones, hay disposición para elaborar una ley incluyente y sostenible. Por su parte, el gobierno asegura que está sistematizando los aportes en un ejercicio democrático y la ciudadanía exige que no se quede en el papel.
Esta nota es producto del Diplomado Fundamentos de la Conservación de la Naturaleza, apoyado por la Fundación Luis von Ahn y Defensores de la Naturaleza, coordinado por Laboratorio de Medios. Los autores son los responsables del contenido.
