La junta licitadora para calificar al proveedor del proyecto de Q42 millones para remozar 2 kilómetros de la Calle Martí la integraron un abogado, un arquitecto y un contador público.

Por Jimena Porres
La municipalidad de Guatemala le dará mantenimiento a 2 kilómetros de la Calle Martí. La junta de licitación le adjudicó el proyecto a Juan Pablo Mansilla Morales por Q42 millones 997 mil 618.
El miércoles 7 de mayo aprobaron el contrato y autoridades del concejo municipal defendieron la decisión de la junta de conceder el proyecto a un proveedor con vínculos al caso de defraudación fiscal B410.
Recursos Humanos elige
La junta licitadora fue aprobada durante la sesión del concejo municipal del 3 de marzo. Ninotchka Matute, concejala VIII por el partido Semilla, votó en contra del nombramiento. “Nos oponemos a la manera opaca en la que estas juntas son elegidas”.
La concejala II por el partido Unionista, Alessandra Gallio, respondió que no es opacidad. “Existe un mecanismo en la dirección de Recursos Humanos, hacen una especie de sorteo” explicó. Esta dirección recibe un perfil que requieren los planes y hacen la selección con base a los currículums de todos los empleados municipales.
Estuvo conformada por tres empleados municipales:
- Emilio Eliseo Vásquez Martínez, abogado y notario. También es alcalde auxiliar de zona 1 distrito 2. De 2017 a la fecha ha integrado 57 juntas de calificación sobre proyectos de señalización, suministro de gasolina y compra de recursos para el mejoramiento de banquetas y calles.
- Maximino Chitay Hernández, contador público y auditor. Trabaja en la municipalidad desde 1981 como tesorero, jefe de presupuesto, auditor interno, tesorero municipal y subdirector financiero. Desde 2013 ha conformado 68 de estas juntas; estuvo en la contratación de seguros de vida para la policía municipal, auditorías externas para el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (Fapu) y mejoramiento de calles.
- Francisco Alejandro Piloña Robles, arquitecto. Actualmente es “director no delegado” del Colegio de Arquitectos de Guatemala. Su participación data desde 2016 y a la fecha ha conformado 37 juntas. Entre los proyectos que ha calificado están el mejoramiento de calles y compra de cemento.
Los últimos dos realizó dictámenes técnicos para construcciones y reparación de infraestructura en el municipio.
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Maria Elena Cruz Urrutia, síndica II, aseguró no conocer a Mansilla ni a su empresa. “Mi intervención es para defender a la junta de licitación” comentó. Explicó que ellos llevan a cabo un proceso arduo y que no es fácil formar parte de estas. “Mi defensa va para el proceso transparente que llevaron a cabo al establecer el cumplimiento de las bases del concurso”.
La síndico explicó que estas están limitadas a que el proveedor esté inscrito en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE); habilitado en Guatecompras; y que presente solvencia fiscal. “Son documentos concretos, no son especulaciones”. Agregó que el caso B410 no concretó ninguna denuncia ante el Ministerio Público (MP).
“La mayoría de las empresas logró solventar su situación, como esta empresa, de lo contrario estaría inhabilitada”. Señaló que el actuar de la junta de licitación está apegado a la Ley de Contrataciones.
Defienden la situación del contribuyente
A pesar de que Mansilla estuvo inhabilitado un tiempo en el portal Guatecompras a petición de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por posibles vínculos al caso B410. Durante la sesión del concejo municipal del 7 de mayo aprobaron el contrato.
Matute votó en contra de esta moción. “Si bien las empresas puede que no aparezcan cuestionadas en las instituciones correspondientes, basta buscar en internet para obtener resultados sobre implicaciones en casos de evasión de impuestos”, razonó.
Gallio aseguró, durante la sesión de concejo donde aprobaron el proyecto, que ella, personalmente realizó la consulta a la SAT sobre el estado de Mansilla. “Nosotros podemos cancelar a un proveedor hasta que haya sido vencido en un juicio”. Y que muchas de las personas que fueron implicadas en el caso fueron a la SAT para hacer las correcciones correspondientes.

“No conozco los detalles, pero no están implicados en juicio y no podemos basarnos en las noticias en redes sociales, para dejar de adjudicar procesos a operadores que han cumplido a cabalidad los procedimientos”. Dijo que tenía un documento donde la SAT felicita al proveedor.
Las “felicitaciones” que mencionó Gallio fueron obtenidas a través de la herramienta Verificador Integrado. Según Fabián Galindo, comunicador de la SAT, este portal verifica los distintos tipos de incumplimientos que un contribuyente tiene ante la SAT. Identifica aquellos que pueden limitar la emisión de la Solvencia Fiscal. Comprueba omisos, hace consulta de facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos, nota de abono y factura electrónica.
Sin embargo este no tiene ninguna validez legal ni fiscal. “Solamente genera reportes individuales o uno general, en formato PDF e imprimible, para que el contribuyente pueda conocer y gestionar de mejor forma sus incumplimientos”, indicó Galindo.
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