El proveedor es Juan Pablo Mansilla Morales. Estuvo vinculado al caso de defraudación fiscal B410 y con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.
Por Jimena Porres
La municipalidad de Guatemala, a través de sus redes sociales, dio a conocer que dará mantenimiento a la Calle Martí. Más de 75 mil vehículos transitan por la zona cada día, para evitar inconvenientes los trabajos serán en jornadas diurnas y nocturnas. Esperan terminar la obra en 14 meses.
El proyecto tiene tres objetivos: reducir la cantidad de accidentes registrados en el lugar, agilizar la movilidad y mejorar la seguridad vial. Y es que el tramo tiene losas fracturadas y baches que representan peligros para conductores, motociclistas y peatones.
Según la boleta del Sistema de Inversión Pública (Snip), el mejoramiento de la calle beneficiará a 579 mil 951 personas. Su vida útil será de 15 años. El responsable del proyecto es Óscar Miguel Ángel Hernández Figueroa, titular de la Dirección de Obras.
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Como rutas alternas anunciaron que los carros podrán circular por la 10a. avenida hasta llegar a la 1ra. calle. Podrán incorporarse a la Calle Martí por la 15 avenida.
Los usuarios del transporte público municipal también serán afectados. La Ruta 104 de TuBus y la línea 6 de Transmetro presentarán irregularidades en el servicio. La alcaldía actualizará la información a través de sus canales oficiales.
Proveedor vinculado al caso B410
La obra fue adjudicada a Juan Pablo Mansilla Morales, con la oferta más barata por Q42 millones 997 mil 618 (NOG 25250256). Mansilla también ha proveído a las alcaldías de Santa Catarina Pinula, Villa Nueva y San José Pinula. Entre sus servicios están el arrendamiento de maquinaria pesada y suministro de mezcla asfáltica.
Mansilla fue inhabilitado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el 21 de agosto de 2024 con motivo de “insolvencia tributaria”. Guatecompras detalla que el proveedor estuvo contemplado dentro de la Estructura Grupo B-410. La suspensión terminó el 10 de octubre de 2024 por haber realizado el pago de la sanción, según el portal.
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Alcaldía justifica la decisión
Ninotchka Matute, concejala VIII por el partido Semilla, cuestionó la decisión de la junta de licitación de conceder el proyecto a este proveedor. “Se escudan exclusivamente en que ellos cumplen con la legalidad de lo que dicta la Ley de Contrataciones del Estado y el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE)” comentó.
La síndico segunda, Maria Elena Cruz Urrutia, respondió las interrogantes de Matute durante la sesión del concejo municipal. Argumentó que a la alcaldía no le compete cuestionar la idoneidad de los oferentes. “Se limitan a replicar que se basan en la mejor oferta”, dijo Matute.
Lucía Tello, encargada de la unidad de prensa de la comuna, envió la misma respuesta a Ojoconmipisto. La redactó en cuatro puntos:
- Sobre los antecedentes del contratista dijo que al momento del proceso de adjudicación no estaba inhabilitado.
- La verificación de antecedentes: al RGAE corresponde a la capacidad técnica y financiera de los proveedores; a la SAT certificar el cumplimiento tributario, y al sistema judicial emitir condenas o inhabilitaciones por la comisión de delitos.
- La transparencia de la contratación: el proceso de adjudicación al proveedor Coamco la efectuaron bajo los criterios técnicos establecidos en las Bases de Licitación, en igualdad de condiciones con los demás oferentes.
- Sobre el historial del proveedor: En los registros internos no consta reporte alguno de incumplimiento o inconformidad en los contratos ejecutados previamente por la empresa Coamco con esta municipalidad.
Postura legalista
Ricardo Barrientos, especialista en política fiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que la comuna adquirió una posición legalista para la consideración. “Al ser una entidad estatal, ellos no podrían tomar una decisión o asumir un criterio que no esté estrictamente respaldado por disposiciones o situaciones legales” explicó. En este caso la rehabilitación del proveedor en el RGAE.
Aún así, la alcaldía podría haber incluido en su evaluación los criterios de idoneidad. “La propia Ley de Contrataciones del Estado le faculta a las entidades contratantes aplicar estos principios”, continuó Barrientos.
La obra costará Q42 millones y para Barrientos la comuna debería garantizar el mejor uso de los recursos posibles. “La municipalidad pudo haber encontrado una solución legal para no considerar elegible a esta empresa”, finalizó.
Además del caso B410, Coamco estuvo vinculada con el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito. Plaza Pública reportó que, durante el año electoral 2019, la empresa sostuvo 17 visitas con autoridades de esta cartera. Cuatro fueron directamente con Benito, y 13 con viceministros.
A pesar de esto la comuna aprobó el contrato con Mansilla en la sesión de concejo municipal de este miércoles 7 de mayo (2025). Alessandra Gallio, concejala II, indicó que ella misma fue a la SAT y le aseguraron que todo bien con esa empresa. Y Urrutia, la síndico II, defendió no a la empresa sino a la junta licitadora.
