El 25% de lo que se recauda por las licencias de pesca de atún deberían usarse para fortalecer la actividad pesquera en los municipios costeros del país. Durante años, ese dinero no llegó.
Por Elsa Coronado
El artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura es letra muerta. El texto señala que las municipalidades “ribereñas”, ubicadas en la zona costera donde desembarca la pesca de la cuota asignada a Guatemala deben recibir el 25% de los fondos generados por los cobros de licencias y multas por incumplimiento que deben pagar las embarcaciones.
Un reporte de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca) del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2023, registra ingresos por tasas y licencias varias por Q19.1 millones. El 25% de ese monto equivale a Q4.7 millones que no se trasladaron al destino que obliga la ley.
Esa cifra, además, no representa el total de lo que debería de recaudar Dipesca, entidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
Reportes de la Contraloría General de Cuentas (CGC) indican que ésta dejó de cobrar cuotas y multas, el expresidente Alejandro Gimmattei condonó el 80% de la deuda de varias empresas e impulsó una iniciativa de ley eliminar la opción del reparto de fondos a las comunas.
La ley señala que los recursos destinados a las municipalidades deben usarse en “el mejoramiento de la actividad pesquera”. Estrella Marroquín, directora de Dipesca, reconoce que el sector necesita apoyo, pero explicó que ni ella ni sus antecesores trasladaron los fondos porque no hay claridad de cómo hacerlo.
La misma excusa
En los informes de auditoría de 2021, 2022 y 2023, aparecen excusas de exfuncionarios con argumentos similares. Exdirectores de Dipesca, ministros y viceministros del MAGA señalan que las municipalidades del sector no tienen muelles propios o municipales para desembarques y, por eso, no se les pueden trasladar fondos públicos.
La CGC impuso sanciones económicas a varios ministros y viceministros del MAGA, a personal de Dipesca y administrativo por este y otros hallazgos. También presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), pero un juez desestimó la causa.
Comunicación Social de la CGC dio a conocer que el juez cerró el caso porque el Manual de Normas y Procedimientos de Dipesca indicaba que los fondos se trasladan a pedido de los alcaldes y ninguno lo pidió.
“Cabe resaltar que durante el año 2022 no hubo ninguna municipalidad que haya solicitado esos fondos, razón por la cual se destinaron para el mantenimiento de vehículos, servicio de seguimiento satelital para embarcaciones, adquisiones (sic) de ecosonda y otras”, se lee en un extracto del reporte del juez que el MP facilitó a Ojoconmpisto.
Pagos, pero a sólo a cuatro
Marroquín informó que trabajan en un instructivo para establecer los pasos para hacer una transferencia monetaria a cuatro municipalidades, las únicas que tienen muelles para descarga. Se trata de Livingston y Puerto Barrios en Izabal y San José e Iztapa en Escuintla.
También asegura que firmarán convenios con estas comunas para hacer las transferencias, aunque esto se hará realidad hasta 2026. No se harán aportes retroactivos.
El alcalde de Puerto Barrios, Hugo Sarceño, explicó que, de obtener los fondos, los usaría como capital semilla para una cooperativa de pescadores, porque muchos necesitan apoyo para vender su producción y sostenerse en otras actividades durante la época de veda.
También necesita fondos para implementar un software que le permita identificar cuántos peces y de qué tipo están pescando, para identificar población y deterioro de especies. “No lo he podido implementar, así que cualquier iniciativa de apoyo será bienvenida” afirmó.
En 2022, el presidente Giammatei condonó la deuda de varias empresas pesqueras que incumplieron con pagar licencias y multas. Marroquín asegura que eso “no fue legal” y que su oficina está en proceso de cobrar Q2.5 millones que representa el 80% que dejaron de percibir por esa razón.
Este trabajo lo realiza con un equipo de 34 personas, lo que evidencia que la entidad cuenta con poco personal para operar.
Giammattei también presentó y firmó una iniciativa de ley general de Pesca y Acuicultura. La iniciativa 6075 propone regular “el vacío legal” de la ley General de Pesca de 2002, elimina el aporte a las municipalidades y establece un mecanismo para que las empresas atuneras queden libres de sanciones cuando no logren desembarcar para vender su producto en Guatemala.
Otros hallazgos en Dipesca
Durante años, varios directores de Dipesca evadieron el cumplimiento del artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. En 2022, a pedido de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Contraloría General de Cuentas hizo una auditoría de cumplimiento de los años 2015 a 2020.
La revisión permitió identificar otra cadena de problemas que atraviesa la gestión de la cuota de atún de Guatemala. Dipesca no cobró durante varios años el costo de la licencia de operación a varias embarcaciones y tampoco cumplió con imponer las multas del 100% por incumplir con el pago.
El registro de la auditoría también señala que las autoridades de la Dipesca no impusieron las multas a las empresas que no desembarcaron cuatro veces al año para vender su producto en Guatemala.
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La Contraloría reportó que, por no imponer las multas, en 2022 la Dipesca dejó de percibir poco más de Q4 millones 300 mil y en 2023, poco más de Q4 millones 100 mil.
Aunque la Ley General de Pesca dice que la Dipesca debe usar el 75% de los fondos que recibe para cumplir con actividades administrativas y desarrollar investigación y fomentar la pesca, los fondos que entran a la cuenta se trasladan a otra institucional y terminan en el fondo común del MAGA.
La auditoría de 2022 también determinó que de 2018 a 2020 en Dipesca no contaban con un Sistema de Seguimiento y Control Satelital para comprobar que las embarcaciones usaran el pabellón nacional y cumplieran con las disposiciones legales, como el respeto a los periodos de veda (prohibición para pescar en ciertas fechas del año) y desalentar y eliminar la pesca ilegal.
La cuota
Guatemala tiene una cuota de 9 mil 321 metros cúbicos de acarreo o pesca de atún. En 2017 recuperó 3 mil 762 metros cúbicos de capacidad de acarreo que había perdido en 2003 cuando dos buques que tenían licencia del país cambiaron de bandera y trasladaron la cuota a otro país.
Esta cuota es otorgada por la Comisión Internacional de Atún Tropical (CIAT) que lleva un control por país para evitar la sobrepesca y el daño a las especies.
La cuota, hoy, no se usa en su totalidad. Cuatro concesionarios usan 7,221 metros cúbicos. Hay 1,425 metros cúbicos en disputa legal con la empresa La Peña, a la que le cancelaron la licencia por incumplir con los pagos.
La entidad presentó un recurso de reposición ante el MAGA. Otros 625 metros cúbicos están pendientes de asignar.
La faena de estos barcos ocurre de 100 a 200 millas dentro del mar. Las aguas nacionales se extienden hasta 12 millas náuticas o 22 kilómetros aproximadamente.
La Pesquera Reina de la Paz, S.A. tiene el 79% de todos los metros cúbicos concesionados hasta el momento. Opera a través de las embarcaciones Reina de la paz, Diva María y Ljubica. Todas las licencias tienen una vigencia de 10 años y estas tres se vencen en 2027.
La concesionaria Mollitiam Insulae, S.A., con su embarcación Emilio, tiene autorizada la cuota de acarreo de atún hasta 2033. Todos estos barcos deben usar la bandera guatemalteca para identificar que están pescando con la cuota que corresponde al país.
Por aparte, el país permite que barcos con bandera extranjera operen a cambio de un pago de 32 quetzales por metro cúbico. Atunes del Pacífico, S.A. paga por 1,287 metros cúbicos y Pesca Maya Guatemala, S.A., por 1,363 metros cúbicos. Ambas empresas tienen una embarcación y usan pabellón panameño. Las licencias se vencen en 2029 y 2028 respectivamente.
Estrella Marroquín, directora de la Dipesca, señala que el MAGA trabaja en una reforma a la ley de Pesca. Uno de los temas que abordarán es el de la descarga de la cuota de pesca en el país. Esto, dice, es difícil de cumplir. Aunque no le corresponde ver el tema comercial, es consciente de que los concesionarios de atún buscan mejores oportunidades de venta en Ecuador.
En Guatemala hay una planta y muchas veces no paga los precios que piden las embarcaciones por su producto.
Marroquín cree que el país necesita un “plan de desarrollo atunero”, porque todo el atún que sale de la cuota de Guatemala no se procesa en el país, sino que sale como materia prima para que lo terminen de trabajar en otro. El producto regresa enlatado, directo a los anaqueles de los supermercados.
Esta nota es producto del Diplomado Fundamentos de la Conservación de la Naturaleza, apoyado por la Fundación Luis von Ahn y Defensores de la Naturaleza, coordinado por Laboratorio de Medios. Los autores son los responsables del contenido.
