Expertos insisten en que la propuesta busca cumplir con la ejecución presupuestaria, pero atenta contra la transparencia de las adquisiciones públicas.
Por Alejandro De León
La razón de proponer la iniciativa 6576, Ley para Agilización de la Inversión Pública, es que tiene dos de diez componente prioritarios: la ampliación del techo presupuestario y el tiempo de adjudicación. Para explicarlo tomamos un ejemplo real de Guatecompras.
La municipalidad de San Carlos Sija, Quetzaltenango, licitó la construcción del salón de usos múltiples para la escuela rural oficial mixta de la aldea Las Cruces. El concurso lo subieron el 20 de junio (2025) y finalizó la recepción de ofertas el 31 de julio; 40 días calendario.
El 07 de agosto se le adjudicó la obra al único oferente, Cosultora y Construcciones Chuikabal por Q1 millón 499 mil 712.
Si la 6676 se aprobara como se propone, probablemente San Carlos Sija recurriría a la adjudicación por cotización, donde el techo propuesto en la iniciativa es subirlo a Q2 millones. En cuanto al tiempo, la alcaldía habría podido recibir ofertas en 8 días hábiles.
La iniciativa fue presentada por los congresistas Victoria Godoy y José Carlos Sanabria, con el objetivo de agilizar la ejecución presupuestaría de la inversión pública. Sin embargo, la propuesta arqueó varias cejas porque según expertos consultados atenta contra la transparencia en las adquisiciones públicas.
Acerca de la propuesta
La iniciativa de Godoy y Sanabria se presentó como de urgencia nacional para que las entidades denominadas inversoras estratégicas –como la municipalidad de San Carlos Sija, por ejemplo– puedan contratar de forma directa o por cotización a empresas nacionales y extranjeras durante tres años, de manera casi inmediata.
La vigente Ley de Contrataciones del Estado determina cantidades límites para cada régimen y modalidad de compra:
Para la gestión de proyectos
Las municipalidades deben gestionar y planificar cómo de costumbres. En la propuesta 6576 se modifica el plazo de tiempo en que las entidades como Segeplan y los ministerios deben emitir los avales y dictámenes técnicos para los proyectos de inversión.
Para proyectos financiados por Consejos de Desarrollo, los ministerios, secretarías y Conred, entre otros, deben dar los dictámenes en un máximo de cinco días hábiles. De lo contrario, se entenderá como afirmativa y las entidades deben extender los documentos para seguir con el proceso.
Para el pago de las obras de Codede, las municipalidades deben trasladar los fondos al contratista en un máximo de ocho días a partir de que el Codede transfiera los fondos a la municipalidad.
En el caso de Segeplan que tiene a su cargo el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) tiene un máximo de 20 días hábiles para emitir respuesta de la opinión técnica.
Opiniones encontradas
Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, comentó a través de una entrevista en ConCriterio, que la iniciativa de ley no elimina ningún proceso de transparencia porque privilegia el proceso de cotización por encima de la licitación. Ambos procesos son similares, lo único que diferencia es el tiempo.
Reconoce que la inversión pública va lenta, pero que los procesos se están ejecutando de forma correcta, y para agilizar la ejecución se presentó la ley. La Contraloría General de Cuentas (CGC) es un ente importante dentro de la iniciativa de ley. Fiscalizará las acciones y si se encuentran casos de corrupción deben denunciarlo.
Adelantó que el 9 de diciembre presentará una nueva iniciativa ley de Contrataciones del Estado por parte del Minfin, para los próximos 30 años.
Héctor González, especialista en transparencia en adquisiciones públicas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), comentó que la propuesta de ley levanta los límites de la baja cuantía y de la compra directa electrónica, que de por sí ya es muy susceptible a corromperse. Las compras entre Q25 mil a Q90 mil “las dejan en el aire”, dejarían la puerta abierta para hacer todo de baja cuantía, existiendo mayor posibilidad de fraccionar la compra.
Tenemos esta conversación sobre presupuestos municipales:
Para el politólogo Renzo Rosal, la ley pone en riesgo la transparencia en las adquisiciones públicas. Son acciones que pueden aparentar ser un aporte y ayudar a la ejecución, pero hay otros factores políticos que están presentes.
Comentó que es con tal de agilizar un indicador en específico, el de ejecución y se obvian otros factores como la calidad del gasto.
Finalizó con que es un paquete de leyes que pueden ser negociables entre los aumentos de salarios de los gobernadores, la ley antilavado y la aprobación del presupuesto el 26 septiembre (2025).
