Siero responsabiliza al Ejecutivo de paralizar la inversión como estrategia para quitarle fondos a los Codede. Pero al cierre de esta nota el 93 % de los fondos fueron asignados.
Por Pilar Rodríguez
La Ley para el Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) (6608), suscitó reacciones y posturas. Es el caso de Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
«Esta ley no elimina por completo la corrupción, pero sí ayuda a reducirla, porque quita el chantaje que suele existir entre el Ejecutivo, los diputados y los alcaldes”. Son sus palabras después de aprobar con 105 votos en el congreso el 2 de septiembre (2025).
Daniel Haering y Ricardo Barrientos tienen argumentos para disentir con lo dicho por Siero. Haering es analista político y Barrientos experto en política fiscal y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Según el tablero de desembolsos de los codede, al cierre de esta nota el 93 % de los fondos fueron asignados. Esos son Q11 mil 401 millones 499 mil 266.
“Estrategia para quitarle fondos a los Consejos”
“Paralizada tiene la inversión el Ejecutivo, pero ¿será incapacidad real o estrategia para quitarle los fondos a los Codedes y llevarlos al fondo común?”, cuestiona el jefe edil de Santa Catarina Pinula, en una publicación de “X”.
“Los proyectos de Codedes no son de las Munis ni del Ejecutivo, vienen de la estructura participativa ciudadana”, finalizó.
“Estrategia”.La palabra que empleó el alcalde para describir lo que percibe como ineficiencia de parte del gobierno central. “Usaron los fondos del fondo común para aprobar la ampliación presupuestaria en 2025 y lo quieren repetir para 2026”, dice.
Siero ve una mala práctica en el Ejecutivo (anteriores gobiernos incluídos), de ministerios que frenan los avales con el objetivo de no ejecutar los fondos de Codede. Así, el dinero se va al fondo común que después el Gobierno central redistribuye.
“Principalmente para comprar voluntades en el Congreso, como lo hicieron con la ampliación presupuestaria del 2024”, opina.
El problema de los avales
«Como alcalde, cuando solicito un aval, el ministerio correspondiente debería contar con un plazo breve, dos días por ejemplo, para revisar el expediente y responder si lo aprueba o no. E indicar las correcciones necesarias”, dice Siero. “Lo que plantea esta ley es que los ministerios se vean obligados a contratar más técnicos para analizar los expedientes con mayor rapidez”.
Asegura que este proceso se convierte en un espacio propenso a la corrupción. Algunos técnicos, dice, utilizan la demora en otorgar los avales como mecanismo de presión, incluso al solicitar pagos indebidos a cambio de emitir una resolución favorable.
Barrientos, de Icefi, contrasta las palabras del alcalde. Desde el Instituto que dirige observan que la Secretaría Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) logró reducir el tiempo de emisión y revisión de expedientes, de más de 20 días a 11.
“Ejecutivo sí tiene voluntad de ejecutar”
Para Haering, la iniciativa de Ley de Agilización, es un ejemplo de que sí hay voluntad del Ejecutivo de ejecutar. “No se impulsa una ley de ese tipo si el interés fuera no ejecutar”.
Reconoce que el error que cometió el Gobierno central al presentar esa iniciativa fue aprovechado e instrumentalizado por ciertos actores para deshacer y manipular el proceso. “Lo que ocurre con los Codedes no depende del Ejecutivo. No hay una conspiración para no ejecutar y luego los fondos regresen al gobierno central”, dice.
Al Ejecutivo no le gusta la idea de perder el control de un fondo común. Ejemplifica: si hay Q9 mil millones sin ejecutar, regresan al Gobierno central y eso le da poder.
Sin embargo, aclara, la razón del fallo en ejecución no viene de una estrategia para acaparar dichos montos: considera que todo el sistema de inversión pública, incluídos los Codede, está mal.
“Lo que necesitamos no es seguir con parches o improvisaciones sino repensar todo el sistema de inversión pública, en lugar de caer en estas medidas apresuradas que terminan siendo un retroceso”, propone.
´El analista político explica que la inversión pública básicamente se distribuye en tercios: uno para las municipalidades, un para los Codedes y uno tercio para el Ejecutivo.
Las municipalidades en algunos casos hacen buenos proyectos, depende del compromiso del jefe edil. Y otras muchas veces terminan en obras “poco transformadoras”, asegura.
Para Haering, los Codede “funcionan muy mal”: apenas logran ejecutar alrededor del 30 %. Se debe a que no cuentan con capacidades técnicas, están mediadas por negociaciones políticas, capturadas por diputados distritales y caciques locales.
En cuanto al Ejecutivo, tampoco ha sabido ejecutar bien. Principalmente porque el sistema de licitaciones es complejo y lento, lo que dificulta sacar adelante los proyectos, opina.
El artículo “gravísimo”
Haering menciona que hay un artículo en la nueva norma que atenta contra la integridad del ciudadano: el número tres, el llamado “silencio administrativo positivo”.
Si las alcaldías presentan un trámite y la entidad a cargo de dar el aval no responde en cinco días, se entiende automáticamente aprobado y pueden seguir adelante. “Eso es gravísimo, porque muchas veces los proyectos que presentan son deficientes, con informes incompletos o sin estudios técnicos”, sostiene.
En la práctica, lo que hacen es ignorar los riesgos y debilitar aún más la calidad de los proyectos. “Es como decir: si en cinco días no tengo resultados de unos exámenes médicos, igual hago la operación a corazón abierto”. Es absurdo y peligroso.
Icefi llama a un debate técnico
«Lamentablemente, no se trata de una discusión técnica, sino de una pugna político partidaria. El llamado para el alcalde Siero y demás actores involucrados, es a dejar de lado esa disputa y dar paso a un debate fundamentado técnica y sosteniblemente”, dice Barrientos, el director del Icefi.
El Ejecutivo no interviene en la ejecución de los fondos de los Codede, recuerda. Su función, de conformidad con la Ley del IVA y la de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la Ley Orgánica del Presupuesto, es trasladar los fondos hacia estos consejos.
En la práctica, son las municipalidades las que operan como ejecutoras de los proyectos aprobados. Por ese motivo a Barrientos le resulta contradictorio lo planteado por el alcalde. Las principales deficiencias no están del lado del Estado, que efectivamente ha trasladado los recursos, sino en las municipalidades.
“Muchas –alcaldías– presentan proyectos con perfiles deficientes o de baja calidad técnica. “Si bajo la bandera de la agilización se pretende aprobar cualquier propuesta, aunque esté mal formulada, generará una disminución en la calidad de la inversión pública”.
Y añadió: “todos queremos acelerar la ejecución, pero no a costa de obras mal hechas”.
