Defensores de la Naturaleza denuncia ante el Ministerio Público (MP) la posible comisión de los delitos contra el patrimonio de la nación, tráfico ilegal de flora y fauna, usurpación de áreas protegidas e incendio forestal.
Por Kristhal Figueroa
De lo que hace veinte años era selva, hoy queda poco en la finca Naranjitos, ubicada dentro del Parque Nacional Sierra del Lacandón, en Petén. Al menos 1,005.92 hectáreas de bosque fueron afectadas por intervenciones ilegales como la tala de árboles, incendios y el cambio de uso de suelo para ganadería, las cuales están prohibidas por la Ley de Áreas Protegidas y el decreto 5-90.
Estas actividades fueron constatadas por personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y la Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), en una visita de verificación técnica realizada el 29 de abril. Ambas entidades coadministran el parque y realizan estos monitoreos de manera constante para evaluar el estado de conservación en el que se encuentra.
El Parque Nacional Sierra del Lacandón es un área protegida y el segundo parque nacional más grande de Guatemala, con 202,865 hectáreas de extensión. Se ubica dentro de la cuenca del río Usumacinta en Petén y conforma la Reserva de la Biósfera Maya.
Este territorio está conformado por siete tipos de ecosistemas y selvas tropicales vírgenes. Según la Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), el parque nacional “cuenta con la mayor biodiversidad de todo Petén”.
La Sierra del Lacandón se divide a partir de una zonificación, planteada en su plan maestro. La finca Naranjitos se ubica en la zona intangible, aquella donde “el estado natural de los ecosistemas permanece relativamente bien conservado”, según el documento.
El plan maestro prohíbe algunas actividades como la construcción de infraestructura que dañe el ambiente, el aprovechamiento de recursos, los asentamientos humanos y las actividades agrícolas, pecuarias, petroleras y mineras en la zona intangible. Esto, con el objetivo de proteger los ecosistemas, sitios arqueológicos y elementos de paisajes de interés.
Por ello, la FDN considera que las actividades documentadas el 29 de abril, “constituyen presuntas violaciones a la Ley de Áreas Protegidas, la Ley Forestal, el Código Penal y el marco legal agrario guatemalteco”.
La evidencia
En la visita al territorio, el personal de Conap y la FDN documentó al menos seis kilómetros de deforestación. Observaron, según la denuncia, árboles talados, áreas en proceso de quema de bosque y personas operando motosierras. Esto genera un riesgo de incendios no controlados.
También documentaron a una persona que portaba una escopeta y le prendía fuego a un área “desmontada”, es decir, donde los árboles habían sido ya talados.
Estos terrenos fueron ocupados por ganado. En ellas, se establecieron “aguadas” superficiales excavadas de manera reciente con el objetivo de captar agua de lluvia para el consumo de dichos animales.
“Este tipo de intervención altera el entorno natural, modifica el flujo hídrico y refleja un proceso de adaptación del terreno a fines productivos ganaderos ilegales”, indica la FDN.
En el área se abrieron múltiples carreteras ilegales y nuevas vías. El equipo observó dos motocicletas que transitaban el área, a pesar de que la circulación está prohibida en el área. Uno de los individuos cargaba una bolsa plástica “con lo que parece ser un animal muerto”, según FDN, indicio de caza ilegal.
Los individuos “transitaban libremente de forma deliberada, sin adoptar medidas para ocultar su presencia o acciones, lo que evidencia una presencia regular y sostenida en el área, sin temor alguno a ser sancionado por la realización de actividades ilícitas”, agrega la fundación.
En el recorrido de verificación se observaron al menos seis casas construidas ilegalmente dentro del área protegida. Las viviendas contaban con internet satelital, mobiliario, cocina y animales domésticos. Eran conectadas por caminos ilegales y tenían potreros delimitados.
Además, se documentó la presencia de camiones, vehículos tipo picop y maquinaria de construcción. A criterio de la FDN, esta evidencia “sugiere un uso logístico activo y regular en la zona protegida”.
También se observó la construcción de un campamento clandestino en la zona central, con camas de madera, ropa, lavaderos y medicamentos. El equipo del Conap y FDN encontró en el suelo casquillos de arma de fuego detonados, medicamentos y árboles marcados con nombres, según la fundación, de “posibles usurpadores”.
No es novedad
Como resultado de la verificación, la FDN presentó el 13 de mayo una denuncia ante el MP por los delitos de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, tráfico ilegal de flora y fauna, usurpación de áreas protegidas e incendio forestal. También solicitaron que se investigue cualquier otro delito cometido dentro de la zona intangible del Parque Nacional Sierra del Lacandón que “resultase posteriormente de la investigación”, según la denuncia.
Esta no es la primera denuncia que la fundación presenta por posibles delitos cometidos en la Sierra del Lacandón. Entregaron 411 desde el año 2000 hasta julio del 2024. La mayoría por delitos como usurpación de áreas protegidas, atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, tráfico ilegal de flora y fauna e incendio forestal.
De las 411 denuncias, solo 11 alcanzaron una sentencia condenatoria. Se realizaron cuatro desalojos y una aprehensión.
Además, se brindaron 22 criterios de oportunidad. Es decir, medidas alternas a la condena, como la prohibición de ingresar al parque nacional.
La ocupación ilegal y el cambio de uso de suelo para ganado no es una novedad en el Parque Nacional Sierra del Lacandón. Más bien, los hallazgos recientes evidencian la existencia de una “operación organizada, sostenida en el tiempo, sin temor a intervención institucional”, indica la FDN.
Estos indicios indican una apropiación territorial progresiva y ordenada, según la institución. Pueden producir la pérdida de flora nativa, el desplazamiento de fauna silvestre, la contaminación y alteración de fuentes de agua y la interrupción de servicios ecosistémicos clave como la regulación hídrica, la captura de carbono y la conectividad biológica.
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Además, constituye un riesgo operativo para el personal técnico del Conap y la FDN y un grave precedente para la gobernabilidad de las áreas protegidas, a criterio de la fundación.
“La gravedad y continuidad de las acciones ilegales documentadas en Naranjitos amerita una intervención inmediata y articulada de las autoridades competentes”, finaliza la FDN.
Esta nota es producto del Diplomado Fundamentos de la Conservación de la Naturaleza, apoyado por la Fundación Luis von Ahn y Defensores de la Naturaleza, coordinado por Laboratorio de Medios. Los autores son los responsables del contenido.
