Estos profesionales vigilan el gasto público de los gobiernos locales. Una cifra baja para abarcar a las 340 alcaldías del país.
Por Pilar Rodríguez
La Contraloría General de Cuentas (CGC) tiene 235 auditores entre gubernamentales e independientes. Eso respondió la Dirección de Auditoría al Sector de Municipalidades y Consejos de Desarrollo a una solicitud por acceso a la información.
Ellos se encargan de cubrir las 340 municipalidades para auditar el gasto público. La dirección “tiene la función principal de fiscalizar y controlar a nivel sectorial, mediante la práctica de auditorías de tipo financiero, cumplimiento y desempeño”, según Acuerdo Gubernativo (96-2019).
Cuenta además con un director, cuatro subdirectores regionales, un supervisor general, 30 supervisores y seis encargados de control de calidad. También con 24 revisores de control de calidad y 235 auditores gubernamentales e independientes.
Menos auditores que en 2023
Según la información compartida por la CGC, en 2023, la dirección contaba con 201 auditores gubernamentales y 152 auditores independientes. 353 en total. Este año, el número se redujo a 235; 166 gubernamentales y 69 independientes.
Según Marvin Flores, analista independiente, los auditores para este 2024 no son suficientes para controlar el gasto en las alcaldías. “Están a cargo de 340 municipalidades, 22 consejos de desarrollo y alrededor de 15 empresas municipales. Si a uno lo saturan con bastantes entidades, sólo harán auditorías exprés o su alcance será mínimo”, explicó.
También explicó que la diferencia entre auditor gubernamental y uno independiente es el tipo de contratación. Los gubernamentales se encuentran contratados bajo el renglón 011, los independientes bajo el renglón 184 que facturan y firman contratos temporales.
No detectaron anomalías en caso B410
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló en agosto (2024) un caso de evasión fiscal conocido como B410. En un #20MinutosCon Ricardo Barrientos, experto en política fiscal y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ahondó en las consecuencias de la falta de auditoría de la entidad.
Barrientos dijo que una de las fallas en el caso provino de la Contraloría General de Cuentas ya que no detectó anomalías en los proveedores. Observó que una medida para evitar futuros fraudes sería darles “un jalón de orejas a las unidades de auditoría interna, de control interno y a la Contraloría”.
