Las organizaciones que conforman el pacto identificaron puntos de consenso para la construcción de una ley de agua.
Por Ubaldo Ventura
El 24 de abril se lanzó en ciudad de Guatemala, el Pacto por el Agua por parte de organizaciones y colectivos de sociedad civil ante la presencia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–, en el marco de la convocatoria para los Diálogos Nacionales por el Agua. El pacto pretende recuperar las propuestas y prácticas de las comunidades en la administración y cuidado del líquido.
En el día internacional de la Tierra, el MARN por medio del Viceministro del Agua Jaime Luis Carrera presentó el Proceso Nacional por el Agua, que pretende legislar una gestión que asegure el acceso suficiente en calidad y cantidad para todos.
Por ello, la articulación de organizaciones de mujeres, autoridades ancestrales y organizaciones de sociedad civil lanzaronn el Pacto por el Agua como un espacio donde confluyen distintos sectores y puedan presentar sus propuestas de contenido para una iniciativa de ley de agua.
Una ley pendiente desde 1985
Julio González, del Colectivo Madre Selva, indicó que desde 1985 no ha existido voluntad para legislar una ley de agua aun cuando es un mandato constitucional vigente.
La iniciativa que impulsa del gobierno, agregó, debe garantizar la readecuación de reglamentos de los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales. Estos deben garantizar el acceso al agua a la población y sobre todo el futuro de las y los guatemaltecos.
Micaela Menchú, integrante del Pacto por el Agua y representante de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Serjus, explicó que las organizaciones que conforman el pacto identificaron puntos de consenso para la construcción de una ley de agua.
“La idea fundamental es que las comunidades valoran al agua como un ser vivo, lo que implica que también tiene derechos y que por lo tanto, debe legislarse para protegerlo ante cualquier riesgo eminente de daño”.
Qué debe reconocer la ley
Eluvia Morales, representante de Plataforma Urbana, indicó que una ley de agua debe estar fundamentada en el reconocimiento del Derecho Humano al Agua, así como garantizar la cantidad, calidad y accesibilildad para el consumo y uso doméstico y personal.
También debe existir una autoridad nacional del agua autónoma, independiente y descentralizada cuenca que asegure y garantice la participación de las comunidades y los pueblos indígenas.
“Las demandas planteadas por las organizaciones que integran el pacto están en sintonía con lo que motivó el lanzamiento del Proceso Nacional por el Agua. Son problemáticas y necesidades similares en los territorios, por lo que una ley puede darle atención”, concluyó el viceministro del Agua Jaime Carrera.
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Esta nota es producto del Diplomado Fundamentos de la Conservación de la Naturaleza, apoyado por la Fundación Luis von Ahn y Defensores de la Naturaleza, coordinado por Laboratorio de Medios. Los autores son los responsables del contenido.
