El segundo municipio con más casos de trashumancia electoral es San José del Golfo, Guatemala. En lo que va del presente año, 16 personas han cometido ese delito.
Por José Pablo del Águila
La cabecera departamental de Chiquimula es el municipio que más casos de acarreados se han reportado. Según la Fiscalía de Delitos Electorales. En lo que va de 2019, 44 personas han enfrentado los tribunales por estos hechos.
El acarreo, conocido jurídicamente como «trashumancia electoral», es cuando una persona intenta empadronarse y consignar su residencia electoral en un municipio donde no habita permanentemente. Esto, con el fin de poder favorecer con su voto a algún candidato que se postula en esa región.
Para esto, los ciudadanos hacen constar datos falsos sobre su residencia electoral ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó Oscar Schaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales.
Criterio de oportunidad
Desde el 1 de enero a la fecha, 44 personas intentaron registrar con datos falsos su residencia electoral en Chiquimula. Fueron procesadas penalmente y beneficiadas por un juez con un «criterio de oportunidad».
Es una salida alterna a un proceso judicial donde la persona no es condenada, se le da una «oportunidad». «A cambio, debe reparar el daño que ocasionó en las comunidades donde se empadronó de manera anómala», explica el fiscal Schaad.
Las reparaciones pueden ser donaciones monetarias o en especie a instituciones benéficas y servicios humanos, entre otros.
Después de Chiquimula, el municipio que registra más casos de acarreados este año es San José del Golfo, Guatemala. Allí, 16 personas han sido beneficiadas ante juez con un criterio de oportunidad.
A San José del Golfo le sigue Santa Cruz del Quiché, con 15 personas; Cuilapa, Santa Rosa y El Progreso, 9; Quetzaltenango y Jalapa, 4 y el Ixcán, Quiché y Retalhuleu, con un caso cada uno.
Los acarreados quedan ligados a proceso por los delitos de falsedad ideológica o material por 1 año para garantizar que no vuelvan a delinquir. Después de este período, se extingue el proceso.
Leonel Escobar, director del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones (DICEP) del TSE, comentó que cuando se tiene denuncias de personas que están inscritas en un municipio en el que no reside permanentemente, la Inspección General realiza una investigación de campo.
En caso la Inspección detecte que el ciudadano no habita en el municipio que está inscrito y que hubo anomalías en su inscripción, traslada una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales.
