La urbanización Casa Icatú, de 186 casas en La Antigua, avanza pese a licencia suspendida y denuncia penal. Esta es una versión recortada del texto original de Plaza Pública.
Por Kimberly López / Plaza Pública
Representantes de Terrum Desarrollos se reunieron frente a la fachada de una iglesia añeja conservada como muchas estructuras en La Antigua Guatemala, con vecinos de San Cristóbal El Bajo. El asunto: ofrecer la construcción de un complejo polideportivo.
En realidad buscaban el aval de la comunidad para la urbanización Casa Icatú, un condominio de 186 casas que para entonces ya se había vendido sin contar aún con las licencias ambientales ni municipales necesarias.
En el encuentro del 19 de marzo de 2024, poco se habló del proyecto, de lo que implicaba Casa Icatú (propiedad de la familia Arimany). Estuvieron el director general de Terrum Desarrollos, Ramón Thomas; Luis Felipe Valdez y Rafael Obiols, representante legal y arquitecto a cargo de la ejecución.
Los vecinos optaron por no hablar por miedo. Firmaron un acta como constancia de la asamblea, pero la desarrolladora la utilizó para sus trámites como si fuera una aprobación.
Una vez obtenidas las licencias municipales, la empresa no regresó a la comunidad. Ahora, la preocupación de los vecinos ha crecido al ver grandes excavadoras modificando la montaña, lo que, según dicen, ha dejado el terreno sin consistencia y aumenta el riesgo de derrumbes e inundaciones. Aunque la licencia ambiental está suspendida y existe una denuncia penal, el proyecto avanza.
¿Qué es Casa Icatú y por qué despierta preocupación?
Casa Icatú se vendió a puerta cerrada, entre cercanos, como un espacio de descanso para sus propietarios. O de forma más precisa «un santuario».
En la reunión frente a la fachada no quedó claro que es un proyecto estimado en Q25 millones conformado por 186 lotes, en un área de 280 mil 985.80 metros cuadrados. Unos 70 mil metros cuadrados más que Paseo Cayalá. Los propietarios de Casa Icatú ―legalmente nombrado como Inversiones y Estrategias de Mercadeo S.A.―, son parte de la familia Arimany.
La urbanización está a 10 minutos del centro de La Antigua Guatemala, a una cuadra de la plaza comunal de San Cristóbal El Bajo. El terreno era conocido como Finca Las Ilusiones y Finca Dante, donde antes había árboles de gravilea que daban sombra a las matas de café.
El proyecto promete ser un santuario de descanso que incluye una casa club. Un contraste con las aldeas vecinas sin drenajes ni agua potable. El proyecto de esta magnitud transformará a San Cristóbal el Bajo e inevitablemente a San Cristóbal el Alto.
Los vecinos temen que al alterar un zanjón ocurran inundaciones en el sector. En verano está seco, pero en épocas de lluvia canaliza de forma natural los excesos de agua. También ven cómo uno a uno caen árboles del bosque.
Y, por último, les provoca nervios ver las grandes máquinas al pie de la carretera que conduce a San Cristóbal El Alto, una zona que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) catalogó en riesgo.
«La comunidad considera que el proyecto está destruyendo un bosque que ha protegido sus aguas, cultura y caminos por generaciones. Están talando árboles de forma ilegal, sin licencia del INAB (Instituto Nacional de Bosques), sin respeto a la ley, sin escuchar el clamor de quienes habitamos estas tierras», dijeron los vecinos en un comunicado el 9 de junio (2025) para sintetizar sus preocupaciones.
Con una denuncia, el INAB corroboró esta preocupación.
No avanzó en dos administraciones, Asturias lo aceptó
Intentar instalar ahí un megaproyecto no es una idea nueva; años atrás hubo otros intentos.
En una carta dirigida al alcalde Juan Manuel Asturias, con copia a la Unesco, un grupo de locales describió sus preocupaciones desde hace casi diez años. En 2016, el mismo desarrollador intentó modificar el curso natural del zanjón, pero las licencias no se concretaron bajo la administración de la entonces alcaldesa, Susana Asencio. Lo retomaron durante la gestión de Víctor Hugo del Pozo ―cuestionado por su falta de interés por el Plan de Ordenamiento Territorial―, este dio trámite pero no llegó a aprobarlo.
«La municipalidad ha traicionado a nuestra comunidad, ignorando las múltiples advertencias y autorizando una urbanización que viola reglamentos locales y pone en peligro la vida de quienes vivimos en San Cristóbal El Bajo», denunciaron los vecinos en un comunicado.
En San Cristóbal El Alto también hay malestar. Según Ángel Méndez, presidente del Cocode, también fueron excluidos de la discusión. «Tenemos documentos donde hacemos ver nuestras inconformidades. No hace eco nada, todo lo omiten, buscan salida para no entrar a conocer nuestras peticiones y eso es lo que nos tiene molestos porque supuestamente había líderes comunitarios dentro del concejo que iban a defender intereses de la comunidad», protesta Méndez.
Por último, y esto remite a aquella reunión frente a la fachada de la iglesia, les inquieta el cumplimiento real del equipamiento urbano.
Por ley, cada proyecto debe destinar un porcentaje del 15% del terreno para uso de la comunidad. «El desarrollador propuso a la comunidad la construcción de un polideportivo que cubre cierto porcentaje para equipamiento urbano; sin embargo, no cubre la totalidad», denunciaron.
El reclamo surgió al enterarse de que los desarrolladores ofrecen cubrir ese 15% distribuido así: el polideportivo valorado en Q3 millones, un terreno ubicado en la montaña que une a los dos San Cristóbal, y un aporte económico de aproximadamente Q7 millones.
No les hace sentido, la montaña no es un área urbanizable, por tanto, no se puede considerar una compensación en esa tierra. La propuesta de Casa Icatú incluye la carretera que lleva a San Cristóbal el Alto. Tampoco les parece lógico.
La carretera, según señalaron en esa carta, es de uso público y fue construida por los comunitarios, décadas atrás. «Es inaceptable considerar esa superficie de terreno como área privada a compensar por el desarrollador», insisten.
La alcaldía de las puertas abiertas está cerrada
Cuatro meses después de la reunión frente a la fachada de la iglesia, el 16 de julio, y luego el 12 de noviembre de 2024, el Consejo Consultivo y el Concejo Municipal aprobaron el proyecto.
La respuesta de la comunidad fue tocar otras puertas, empezó por el Ministerio Público, pasó el INAB, el Ministerio de Ambiente (MARN), el Congreso, hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad (CC).
Los reclamos escalaron, primero con solicitudes por escrito ―fueron 12 cartas enviadas una tras otra― hasta llegar a una denuncia penal. El Ministerio Público (MP) respondió dos veces, la primera para notificarles que su petición fue desestimada, la segunda para hacerles saber que fueron denunciados por «traficar influencias» para impedir que se lleve a cabo el proyecto.
Las autoridades municipales «nos han hecho sentir como que las comunidades somos un grupo de ignorantes que no tenemos voz ni cabida a la hora de trabajar con ellos. En las dos reuniones que tuvimos no atendieron ninguna de las inquietudes que hemos presentado», así Efraín Márquez, del Cocode, resume cómo la alcaldía que prometió puertas abiertas ha ignorado sus requerimientos.
Márquez denunció al alcalde, Concejo Municipal y el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala (CNPAG), ante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio, por aprobar esta licencia sin cumplir con todos los requisitos. Aunque el MP desestimó la denuncia en abril de este año, la decisión fue impugnada y a la fecha está activa pues un juzgado ordenó que la investigación continúe.
La siguiente puerta fue la de la diputada Sonia Gutiérrez, del partido Winaq. Respondió con dos citaciones y una reunión con el conservador de la ciudad de Antigua Guatemala, Javier Quiñónez. «Él nunca negó que sí conocieron el proceso de solicitud del proyecto, pero ni él ni los informes reflejan que hayan emitido un dictamen favorable para proceder con la autorización de las licencias de cambio de uso de suelo», recuerda Gutiérrez. La conjetura es cierta, el proyecto no cuenta con dictamen del CNPAG, según confirmó el conservador a Plaza Pública.
También exigieron acciones al INAB y el MARN al advertir sobre la tala ilegal de una parte del bosque natural y sobre posibles anomalías e incumplimientos ambientales.
A finales del año pasado, Márquez interpuso dos recursos contra la aprobación de Casa Icatú. La alcaldía rechazó in limine (ni siquiera lo conoció) el primer recurso por «ser extemporáneo y prematuro», y el segundo por «uso reiterado y abusivo de los recursos administrativos».
La amenaza de una denuncia en el MP no los frenó. Apelaron la resolución en la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones, aunque esta le dio la razón a las autoridades municipales.
Tampoco pararon.
Por último, llegaron a la Corte de Constitucionalidad que está pendiente de dar una resolución final. Mientras tanto la insistencia de los comunitarios empezó a destapar irregularidades. El MARN y el INAB las validaron.
La promesa incumplida del POT
El alcalde Juan Manuel Asturias prometió aprobar un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en su primer año de gestión, una promesa que le ayudó a ganar votos. Sin embargo, no solo no lo ha aprobado, sino que la municipalidad ha otorgado licencias a proyectos de gran impacto como Casa Icatú.
Funcionarios de la municipalidad defienden que deben seguir la normativa vigente al no existir un POT. A pesar de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) suspendió la licencia ambiental de Casa Icatú por incumplimientos, el proyecto sigue avanzando.
Esto ha generado gran preocupación entre los vecinos, quienes temen un crecimiento desordenado que traiga más desigualdad y afecte el bienestar de la población.
La situación se resume en un sentir de frustración, donde los vecinos ven que sus acciones no detienen el avance de los proyectos urbanísticos, como la construcción de un futuro McDonald’s en la misma aldea. Los líderes locales se comprometen a seguir fiscalizando, a pesar de las denuncias en su contra.
