El alcalde Ricardo Quiñónez anunció el 15 de agosto (2025) que la Calle Martí estaba habilitada. El 21, vecinos reportaron daños en el tramo recién estrenado.
Por Jimena Porres
A inicios de mayo (2025), la municipalidad de Guatemala anunció que cambiarían 2 kilómetros de la Calle Martí por Q42 millones 997 mil 618. La obra fue adjudicada a Juan Pablo Mansilla Morales, representante legal de Coamco, empresa inhabilitada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por “insolvencia tributaria”, contemplada dentro de la estructura de defraudación tributaria B410, cómo publicó Ojoconmipisto.
El 15 de agosto, a través de sus redes sociales, el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, anunció que La Calle Martí estaba habilitada. “Este proyecto, que representó grandes retos, lo concluimos en solo tres meses, mucho antes de lo previsto. Tal como lo anunciamos, hoy queda totalmente habilitada”. Menos de una semana después, vecinos comenzaron a reportar daños en el sector.
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Según la boleta del Sistema de Inversión Pública (SNIP), la vida útil del proyecto es de 15 años. “Se realizará una intervención integral que incluye el reemplazo de la superficie de rodadura de pavimento rígido por una de pavimento flexible, garantizando un diseño estructural capaz de soportar el alto volumen y la variedad de carga vehicular que transita por el tramo”, detalló la entidad en la boleta.
Piden auditoría a Contraloría
Elena Motta, diputada electa por el partido Semilla, dijo que la primera alerta que detectó fue la rapidez con la que terminaron el proyecto. “El alcalde Quiñónez sale a decir que esta es una gran obra que hicieron a tiempo récord y que él está muy orgulloso”. Originalmente la comuna dijo que el tiempo de ejecución sería de 14 meses, lo terminaron en tres.
Al conocer las denuncias de usuarios en redes sociales, la congresista realizó una visita al lugar donde verificó la existencia de baches. “No ha pasado ni una semana y ya tiene hoyos”, dijo. Están localizados en la 5a. calle en los carriles con dirección al norte, uno de los primeros tramos que habilitaron.
Además, indicó que el inicio y el final de la obra tienen cortes muy abruptos. “La nueva obra con la vieja no se complementan. En cambio, hay gradas y parece que no se hizo bien el trabajo”, indicó. “Incluso el mismo alcalde dijo que este era un asfalto flexible, que era para que durara más”.
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Por esta razón decidió pedir una auditoría especial a la Contraloría General de Cuentas (CGC). “Primero porque es una empresa señalada por defraudamiento”. Comentó que existe una sospecha de sobrevaloración. Aseguró que el Estado y la CGC deberían prestar atención a ese dato. La diputada firmó el oficio el viernes.
“Nos va a ayudar a esclarecer qué pasó y si es necesario que multar a la empresa, o incluso la misma Muni. Pero es algo que la Contraloría va a determinar”, explicó.
Relación hostil
Esta no es la primera vez que Motta le exige explicaciones a la municipalidad. A inicios de julio, derivado de una investigación de Plaza Pública que reveló cavernas en sistemas de pozos de agua en zona 2, realizó visitas al lugar.
La alcaldía no ha sido abierta al diálogo. “Yo personalmente no conozco al alcalde Quiñonez porque nunca ha aparecido en ninguna reunión”, dijo. De hecho, se consultó para esta nota a la municipalidad, pero al cierre de la publicación, no respondieron.
Incluso con las solicitudes de información pública. “Cuando solicitamos información siempre nos piden prórroga”. La parlamentaria comentó que es información que la municipalidad ya debería tener porque es acerca de proyectos aprobados y en proceso de ejecución.
Como alternativa, cultivan relación con los vecinos. “Los vecinos incluso se quejan en especial de las alcaldías auxiliares y de los alcaldes auxiliares que no se aparecen o que tienen comportamientos hostiles”, relató.
